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CCAA, un oasis de transparencia y acceso a la información durante la crisis

  • diciembre 18, 2020

Tres meses después de la declaración, España ha completado el proceso de ‘desescalada’, que permite el cierre de ciudadanos y restricción de libertades. A finales de abril, el presidente Sánchez anunció un Plan de transición a una nueva normalidad, detallando medidas para devolver al país a una situación previa a la crisis.

En este sentido, cabe destacar la importancia de los gobiernos autonómicos, ya que el gobierno quería trabajar «junto» con las comunidades autónomas y las entidades locales, aprovechando sus ventajas. conocimiento del territorio y las características específicas de cada comunidad, ya que estos aspectos son “claves” para la toma de decisiones y la implementación de medidas que faciliten el correcto desarrollo de la desescalada.

Si bien la última decisión siguió recayendo en el Ejecutivo, en la Fase III se otorgó a los presidentes regionales la facultad de «decidir sin consultar al gobierno» qué medidas modificaron, aprobaron o derogaron, salvo la libertad de circulación que se mantuvo limitada hasta el año pasado. Domingo.

Por otro lado, las actividades de algunos gobiernos regionales fueron valoradas de forma muy positiva durante el estado de alerta, ya que muchos de ellos están las comunidades autónomas destacaron por su transparencia y facilitar el acceso a la información pública, uno de los temas más criticados por el gobierno central por, entre otras cosas, la suspensión de plazos administrativos.



Comunidades informantes y facilitadoras

En una situación de crisis, como la pandemia de COVID-19, la información es un elemento clave y necesario. Por esa razón Encuentro de Castilla y León es uno de los más destacados por su portal de coronavirus el cual ofrece una gran cantidad de datos de forma actualizada, clara y altamente visual, apostando por una georreferencia que dará a conocer el avance de la pandemia en la región.

De la misma manera, otras comunidades han creado portales similares que brindan información muy detallada y fácil de entender, como el gobierno de Aragón, Castilla La Mancha o Canarias, habilitando espacios bien organizados y estructurados para ofrecer a la ciudadanía el mayor contenido de gran interés y posibilitando la descarga de datos abiertos.

Miguel Ángel Blanes Climent, técnico jurídico del Síndic de la Comunidad Valenciana y experto en transparencia de la administración pública, explica Compromiso empresarial que la transparencia en una situación de crisis, además de permitir que los ciudadanos controlen las decisiones que toman los gobiernos, es “vital” para lograr la cooperación cívica necesaria para combatir el virus.

Al respecto, el experto señala que las personas deben y deben tener acceso a la información «Claro, verdadero y actualizado» sobre la evolución de la pandemia en el territorio y por ello destaca la importancia de poder acceder a informes que justifiquen diferentes cambios escalonados, ya que permiten verificar la situación actual, entre otros datos, como el número de personas ingresadas en UCI, infectadas, curadas y datos desagregados por edad y condiciones previas. .

«Es muy importante que los ciudadanos tengan acceso a información actualizada sobre la frecuencia del virus en su municipio o un área de salud ”, dice Blanes Climent, ya que este tipo de información permite a la ciudadanía saber cómo se está comportando el virus en todo momento y podrá actuar con mayor cautela y responsabilidad.

En este sentido, destaca la información que ofrecen los portales de Castilla y León y Aragón en particular por su presentación gráfica, alto grado de análisis de los datos publicados y la posibilidad de descargarlos en formato abierto.

Respondiendo al ciudadano

Una de las principales críticas que recibió el gobierno central durante la parte más severa de la crisis de salud fue por suspensión de plazos en procedimientos administrativos que afectaron solicitudes de acceso a información pública.

Aunque desde el 1 de junio del año pasado plazos establecidos y las administraciones tienen la obligación de responder en los plazos marcados por la Ley de Transparencia, algunas comunidades se han distanciado de la línea de actuación ejecutiva y han continuado tramitando las solicitudes de acceso a la información, e incluso han dado espacio a la consulta pública, como en el País Vasco.

Dentro del sitio web de Irekia, Gobierno vasco Permite a los ciudadanos realizar dos tipos de consultas: una solicitud pública, que consiste en hacer una propuesta para un área específica de la Administración regional y se publica en línea; o solicitudes de información privada para presentar quejas, denuncias o sugerencias. Asimismo, el usuario también podrá ejercitar el derecho de acceso a la información dentro de este mismo apartado.

Según Civio, la mayoría de Comunidades Autónomas cumplieron los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información: Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Navarra, Galicia, País Vasco o La Rioja.

Como publicado Fundación Civio Por su parte Su derecho a saber, la mayoría de las Comunidades Autónomas cumplieron con los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, como Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Navarra, Galicia, País Vasca o La Rioja y otras mantuvieron parcialmente este servicio, atendiendo algunos requisitos, como la Comunidad de Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana.

Al respecto, Blanes Climent confirma que, para que la transparencia funcione como una red nacional de vigilancia de la salud pública, debe haber indicadores comparables entre los sistemas de información regionales. Por tal motivo, considera «necesario» aprobar normativas que permitan operar el sistema. Red Nacional de Vigilancia de la Salud Pública, obligatoria desde 2011 y con nueve años de retraso, que considera «inaudita y carente de interés político».

El sindicato de la información también derrota al virus

En cuanto a la crisis sanitaria, el experto consultado explica que la “lucha por competencias” entre el Estado central y las comunidades autónomas ha minado la transparencia y la gobernanza eficaz durante la gestión de crisis.

En ese sentido, se señala que esta desproporción de criterios es por comunidades no permite «datos cruzados» recopilados de diferentes sistemas regionales de salud o trabajar con ellos en condiciones eficientes.

El COVID-19 es un problema global que, según Blanes, «no comprende las áreas de competencia» y por ello lo considera necesario para las instituciones públicas defiende los intereses generales de los ciudadanos como un frente único, es decir, haciendo lo mejor por los ciudadanos y evitando la rivalidad entre ellos para mantener o ganar mayor poder.

«Los intereses de las instituciones no pueden estar por encima de los intereses de los ciudadanos», dice el experto.

Si bien la Administración General del Estado está cumpliendo su compromiso de agilizar la resolución de las solicitudes de acceso a la información y transparencia, Blanes Climent considera que el derecho fundamental a la información – recogido en el artículo 20.1.d de la Constitución – sigue siendo «muy amargado por la gestión de la pandemia COVID-19». poca práctica conferencias de prensa con temas preseleccionados; desorden con datos oficiales sobre el número de muertos e infectados; retraso y renuencia a publicar contratos de emergencia en portales de transparencia o no proporcionar la identidad de los expertos que asesoran al Gobierno en la implementación del plan de desescalamiento.

Sin embargo, el experto se muestra “optimista” y cree que el derecho fundamental a la información “se fortalecerá en el futuro” para evitar que se repitan los mismos errores: “Estamos ante una oportunidad para mejorar nuestra democracia, haciéndolo más justo y transparente, para que no podamos gastar ”, concluye para Compromiso empresarial.

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