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Cinco reformas que España necesita para avanzar en transparencia y buen gobierno

  • diciembre 17, 2020

Desde 2016, el Congreso Internacional de Transparencia se celebra en esa fecha y se ha convertido en un referente para los expertos, profesionales y funcionarios del sector, habilitando cada año las radiografías. el estado y desarrollo de la transparencia en España.

En el último número -V CIT-, el Gobierno español realizó importantes anuncios sobre el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar y promover el derecho de acceso a la información pública en la sociedad española, a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, quien estuvo a cargo de la apertura del Congreso, junto con el recto de la UNED, Ricardo Mairal y el director del CIT, Manuel Sánchez de Diego.

Tras cuatro días de intenso debate e intercambio de estudios, prácticas y experiencias, tanto en España como en Latinoamérica, promover una cultura de transparencia En la sociedad española, es necesario mejorar la regulación del derecho de acceso, dar más apoyo institucional a los organismos que garantizan la transparencia y promover el diálogo entre la administración pública y la ciudadanía.

1. La necesidad de reformar la Ley de Transparencia

Uno de los temas más aludidos durante el Congreso Internacional de Transparencia fue la necesaria reforma de la regulación del derecho de acceso a la información pública en España. En ese sentido, el ministro Darias anunció que reformaría la UE Ley 19/2013 y, además, el ejecutivo se prepara para ratificar el cumplimiento de la Convención Europea a fin de reconocer el derecho de acceso a los documentos públicos.

Por otro lado, la Coalición por la Adhesión presentó su declaración pidiendo al gobierno español que refuerce el derecho de acceso para estar en línea con los estándares internacionales, para que este el derecho es reconocido como fundamental y se han establecido fondos para facilitar las demandas de los ciudadanos.

Al respecto, cabe señalar que la mayoría de los expertos coinciden en la naturaleza fundamental del derecho de acceso en las democracias y, por ello, todas las normas que rigen este deben ser ir «al mismo ritmo», por lo que los proyectos para reformar la ley y aprobar los reglamentos que la desarrollan deben coordinarse para evitar desequilibrios en la aplicación de las normas.

Por su parte, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno también manifestó que la principal deficiencia de la ley vigente es la aplicación de las causas de inadmisibilidad e incumplimiento de las decisiones de los órganos de garantía por parte de los contribuyentes. Por eso, pide al ejecutivo español que tenga en cuenta las propuestas. Red de Consejos y Comisarios de Transparencia de España modificar la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.


– Los Consejos de Transparencia vuelven a exigir la reforma de la Ley de Transparencia
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2. Mayor apoyo a los organismos que garantizan la transparencia

Durante el CIT, el gobierno hizo público el nombramiento José Luis Rodríguez Álvarez, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y delegado de protección de datos en la UCM, como candidato a presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Un anuncio tan esperado, ya que la última presidenta, Esther Arizmendi, falleció en noviembre de 2017 y está vacante desde entonces.

De igual forma, la Red de Consejos y Comisionados expresó su preocupación por la falta de autoridad y recursos para realizar su trabajo a través de la Declaración de 2020 que leyeron el día de cierre del CIT. En este documento, las autoridades garantes exigen que las autoridades públicas y representantes políticos de «todos los grupos» más recursos, materiales y capacítelos, vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y tener la capacidad de sancionar a aquellas instituciones que no las cumplan.

En este sentido, los requisitos más destacados de la Declaración son regulación de violación por violar resoluciones de consejos y comisionados; establecer en consecuencia régimen de sanciones basado en la figura jurídica de las multas coercitivas; creación de un registro estatal de intereses vestíbulo,, así como la introducción del procedimiento de mediación órganos de garantía entre la administración pública y el solicitante para la resolución de conflictos.

3. Proteger a los denunciantes de la corrupción

Una de las principales características de la transparencia es su capacidad como «antídoto» contra la corrupción. Sin embargo, esta capacidad no es absoluta, como menciona el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, quien confirmó que los avances realizados por España «no son suficientes» porque la corrupción es un delito «muy opaco» que solo se puede conocer mediante recurso. , y en muchos casos los testigos de fraude o irregularidad no lo hacen por desconocimiento de los canales y miedo a las represalias.

En este sentido, Llinares destacó la experiencia de la Agencia Valenciana en la prevención y lucha contra la corrupción en su gestión y la promoción de buenas prácticas, que consideró crucial. asistencia legal a los informantes o presenciar casos de corrupción en las administraciones.

Actualmente, la agencia que dirige Llinares protege a 21 personas, y el principal problema es la represalia que sufren, por lo que el director está considerando hacerse cargo. Directiva europea de protección de denunciantes corrupción, porque presupone “refuerzo” a nivel estatal del trabajo realizado a nivel regional.

Otro desafío pendiente es la falta de conocimiento y capacitación sobre los mecanismos que establece la Ley de Transparencia para solicitar información pública, especialmente a los periodistas.

4. Promover el conocimiento del derecho de acceso

Otro desafío en espera identificado durante las sesiones del CIT es el desconocimiento y capacitación sobre los mecanismos que establece la Ley de Transparencia para solicitar información pública, especialmente a periodistas.

Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información -PDLI-, explicó durante su intervención que existen “muchas” barreras legales y deficiencias a la transparencia, siendo la más destacada la que afecta a los periodistas.

Esta falta de informáticos es falta de conocimiento del procedimiento el acceso a la información pública y la ausencia de unidades especializadas en los medios dedicadas al desarrollo de contenidos informativos con datos públicos.

Pérez Alonso confirmó que dos tercios de los periodistas no consideran la ley como una herramienta para obtener información porque retraso en proporcionar información y la necesidad de recurrir al Consejo de Transparencia para obtenerlo.

Por otro lado, los expertos reunidos en el CIT reconocieron que la crisis de salud provocada por la pandemia del covid-19 mostró la importancia de brindar información pública relevante de manera regular y confiable, por lo que el tema no resuelto formación en transparencia También afecta a una parte importante de las entidades legalmente vinculadas, que necesitan mejorar su relación con los ciudadanos que buscan información.

5. Más participación ciudadana

Finalmente, promover una cultura de transparencia en España requiere promoción participación ciudadana en las políticas públicas. Cabe señalar que la ministra Darias destacó el compromiso de su gobierno con el diálogo permanente entre la sociedad y la Administración General del Estado y, como muestra de ello, anunció la publicación del borrador del IV Plan de Gobierno Abierto para audiencias públicas.

A fines de octubre, a través del Portal de Transparencia estatal, todos los ciudadanos pueden consultar y contribuir al nuevo plan de Gobierno Abierto. Este borrador, presentado en el CIT por la directora general de Administración Pública, María Pía Junquera, contiene los compromisos anunciados por el Ministerio de Funciones Públicas y, además, la implementación de la huella regulatoria, la implementación de laboratorios de innovación y participación ciudadana, así como el establecimiento de un sistema de integridad preventiva, regulación vestíbulo y protección de denunciantes.

Durante la presentación del Plan, Junquera destacó que la elaboración del propio borrador tuvo en cuenta el interés general y la maximización de la transparencia, que es el resultado del proceso participativo de la Comisión Permanente del Foro de Gobierno Abierto.

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