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El gobierno se compromete a aprobar la Ley de Igualdad de Trato ante la Alianza de ONG

  • diciembre 10, 2020

Accem, Rumiñahui, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Fundación Secretaría Gitana, Movimiento por la Paz-MPDL y Red Acoge, todas lideran organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, su propia Ley de la Alianza para la Igualdad de Trato.

Con esta iniciativa, quieren impulsar la tramitación de una ley integral de igualdad de trato y no discriminación establecida por el régimen. Infracciones y sanciones, incluyendo la obligación de reparar los daños y perjuicios causados ​​a las víctimas y de crear un organismo independiente que garantice el respeto y seguimiento de las violaciones de los derechos fundamentales.

Muchas instituciones europeas e internacionales de derechos humanos están instando a España a aprobar una ley igualdad integral de trato y no discriminación. El Comité de Derechos Humanos, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial o la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) han incluido en varios de sus informes sobre España recomendaciones para la aprobación de esta norma, «necesarias para consolidar un régimen normativo eficaz que aborde todas las formas de discriminación». que sufren muchas personas en nuestro país ”, explican en un comunicado de prensa.

Aunque el Código Penal ha incluido recientemente muchas mejoras en la lucha contra los delitos motivados por prejuicios, es decir, los ataques racistas más graves, la discriminación más común y cotidiana a la que se enfrentan las personas pertenecientes a grupos no mayoritarios aún no se tiene en cuenta en la ley. por la normativa aplicable y sin ley propia a la que tiene derecho desde su primera ley en 2011. Por tanto, bajo el hashtag #DeudaConLaIgualdad, Las entidades que integran esta alianza quieren incidir en la necesidad de su aprobación en público.

Víctimas sin indemnización

Las entidades promotoras de esta alianza llevan muchos años trabajando con víctimas de diversas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo y conocen de primera mano las consecuencias directas de la falta de un marco regulatorio adecuado para estas personas; ha habido muchos casos en los que la gente está sufriendo violaciones de derechos basados ​​en su origen racial o étnico no recibieron una compensación adecuada por la ausencia de un régimen de faltas y sanciones.

Por ejemplo, casos en los que empresas jerárquicamente superiores instan a sus empleados a no prestar servicios a personas pertenecientes a determinados grupos, identificación por perfil étnico o racial por parte de la policía, o cuando las personas se niegan rentar una casa Romaníes o personas de origen migrante. Todas estas situaciones no pueden ser denunciadas, simplemente porque la normativa es insuficiente y dispersa, al carecer de un régimen sancionador para hechos no criminales.

Por otro lado, existen situaciones en las que, a pesar de la denuncia penal, ha sido imposible obtener una condena para un agente discriminatorio, dada la dificultad de probar situaciones discriminatorias en este tipo de procesos judiciales. Esto sucedió en casos de denegación de acceso a romaníes o personas de origen migrante restaurantes o lugares de entretenimiento, acoso racista por parte de algunos vecinos o acoso por parte de agentes de seguridad privados romaníes en centros comerciales o supermercados.

Compromiso del estado español

Este jueves culminó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el tercer Examen Periódico Universal que aprobó el estado español.

Como en ediciones anteriores, son varios los estados que han incluido entre sus recomendaciones la necesidad de aprobar una ley integral de igualdad de trato. No obstante, en esta ocasión, el Gobierno español ha manifestado de forma muy contundente su compromiso con la promoción de este reglamento, reafirmando su disposición a «Próximamente se aprobará una ley integral sobre igualdad de trato y no discriminación», el cual «prevé la creación de un organismo que tendría el carácter de un organismo de igualdad, específicamente encargado de promover y velar por la efectiva implementación de esta ley», que tendrá «autonomía y con un presupuesto legal, personal y propio, que aplicará el régimen de faltas y sanciones ”.

Organizaciones que forman parte de Ley de la Alianza para la Igualdad de Trato Esperan que esta vez la obligación se haga realidad. Al respecto, recuerdan que la primera versión de este texto normativo fue enviada al Congreso de los Diputados en 2011, luego de más de dos años de trabajo preparatorio en el que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones. Desde entonces, se han realizado varios intentos para continuar su procesamiento sin éxito.

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