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Hay Law publica un manifiesto en defensa de la división del poder

  • diciembre 17, 2020

Hay Derecho y otras organizaciones de la sociedad civil, incluida la Fundación Compromiso y Transparencia, editora de esta revista, expresaron su preocupación por la situación y la perspectiva de la separación de poderes en España.

Entonces comenzaron la campaña preguntando retiro de la ley de reforma de la LOPJ y que las partes busquen una solución a la situación actual. Con esto en mente, han elaborado un manifiesto que puede respaldarse registrándose en su sitio web.

La Fundación Hay Derecho explica la situación. Tras la reforma de 1985 de la LOPJ, el sistema actual de elección del Consejo de la Judicatura permite al Parlamento elegir a los veinte una mayoría de tres quintos. Se incluyen ocho abogados de reconocida competencia (según se define en el artículo 122 CE) y 12 jueces y jueces (según lo previsto por la LOPJ vigente tras dicha reforma, también por mayoría de 3/5 partes).

El manifiesto dice que “a pesar de la amenaza que esto puede suponer para la división del poder, por eso no hay ningún país en nuestra órbita donde la designación de un órgano de gobierno de jueces sea responsabilidad exclusiva del Parlamento.«, Reforma de 1985 que fue aprobado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/1986.

Sin embargo, el apoyo indica que es necesario que las cámaras, al dar sus propuestas, “no solo asistan al reparto de fuerzas que existe en ellas y distribuyan los escaños que se deben ocupar entre los distintos partidos. en proporción al poder parlamentario de estos. La lógica del Estado partidario empuja a mantener ciertas esferas de poder alejadas de la lucha de los partidos, y entre ellos, especialmente el Poder Judicial.

Sobre este tema, uno tiene derecho a condenar que “la experiencia de las últimas décadas muestra que el acuerdo nunca se articuló sobre consensos en nombres, sino sobre reparto de cuotas luego de difíciles negociaciones entre los partidos mayoritarios. Ahora incluso esto parece imposible, lo que ha llevado a una una grave anomalía institucional al impedir la renovación del Consejo, congelar el «equipo en funciones» que beneficia a la antigua mayoría parlamentaria pero no a la actual. Una anomalía sobre otra anomalía ”.

Entre las opciones disponibles para desbloquear esta situación se encuentra la modificación de la ley orgánica del poder judicial para volver al esquema original. nombramiento de doce asesores de los jueces por los propios jueces, que es la opción «más coherente» con las recomendaciones europeas (informe GRECO); El diseño legal actual se puede mantener adaptándose a los lineamientos y nombres acordados de la Corte Constitucional mediante un proceso de selección objetivo que garantice la elegibilidad de los candidatos y su independencia de los partidos políticos u otros canales indirectos, incluyendo un sorteo entre jueces y jueces que cumplan con los requisitos mínimos de elegibilidad.

Pero lo que no es aceptable desde ningún punto de vista es intentar ‘solucionar’ este problema de bloqueo en la forma propuesta por los dos partidos de coalición que integran el actual gobierno, que consiste en reformar la ley para que doce concejales elijan a los una mayoría absoluta del parlamento y no con la actual mayoría reforzada de tres quintos ”, condena y manifiesta.

Esta solución, propuesta por el actual gobierno de Pedro Sánchez, tendría como consecuencia que el oficialismo tuviera en todo momento una influencia decisiva en la composición del órgano designado por los jueces de los tribunales superiores del estado. «Tal reforma no encaja en nuestro marco constitucional. Y no hay duda de que esto encajaría aún menos en la práctica secular europea de respetar el estado de derecho y la división del poder, poniéndonos vergonzosamente en la línea de algunos estados que no han dejado de recibir advertencias en los últimos tiempos por su entusiasmo antiliberal «.

Exigen que los grupos políticos que presentaron esta propuesta “se retiren de inmediato” y que todos los representantes políticos se reúnan para buscar una solución acorde con lo expresado en este manifiesto.

Y recuerdan que “en estos tiempos difíciles para todos, son españoles No merecemos cruzar otra línea roja de decadencia institucional y nuestro estado de derecho, especialmente después de los enormes esfuerzos realizados durante la transición y los años siguientes con motivo de la adhesión a la Unión Europea para equipararnos con las mejores democracias europeas. Una reforma de este tipo solo promovería la polarización interna y la falta de respeto a nuestro marco institucional por parte de todos los actores políticos, lo que creemos puede ser extremadamente peligroso para el presente y el futuro, especialmente en tiempos de crisis como la que estamos atravesando ”.

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