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«La verdadera reforma de la administración pública está en la transparencia»

  • diciembre 12, 2020

La pandemia causada por COVID-19 ha cambiado los hábitos de vida en todo el mundo, obligando a las personas a cambiar la forma en que interactúan y viven juntas. Actualmente, el metro y medio está establecido como una distancia social aceptable para hablar, las mascarillas y guantes son accesorios obligatorios para acceder a cualquier lugar interior, y la desinfección es la acción más común en los lugares públicos.

El área de transparencia también se vio afectada por COVID-19, principalmente por dos factores: necesidades crecientes y demanda de información pública informar adecuadamente a la ciudadanía y la negativa, especialmente del Gobierno, a publicar determinada información y datos relacionados con la gestión de crisis sanitarias.

Conocer la perspectiva de la pandemia a través de la principal institución encargada de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en España, Compromiso empresarial hablar con Esperanza Zambrano, Director General Adjunto de Reclamaciones Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y uno de los impulsores de la cultura de la transparencia en España.

Zambrano participó en la redacción de la primera ley de transparencia con José Luís Rodríguez Zapatero, más tarde miembro del Grupo de Expertos creado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para estudiar el anteproyecto de ley sobre el estándar de transparencia actual y contacto de España para la Alianza de Gobierno Abierto. Una alianza de gobierno abierto, además de ser parte del Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Reconstrucción Democrática.

Durante el período de cierre, ¿cuál fue la principal acción del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)?

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno continuó con sus actividades habituales en la medida en que las circunstancias permitieron la duración de la alerta.

En cuanto a la Subdirección de Solicitudes, se continuó con la tramitación de las solicitudes presentadas por los ciudadanos al amparo de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y se notificaron las decisiones al finalizar la suspensión de plazos.

Asimismo, se tramitaron y resolvieron las solicitudes relacionadas con hechos relacionados con la motivación del estado de emergencia, utilizando las excepciones previstas en la disposición que determina la suspensión de los plazos administrativos, y se dieron respuesta a todas las consultas y consultas realizadas por ciudadanos cuyo trámite no fue suspendido. .

La suspensión de plazos supuso que los interesados ​​no pudieran ser notificados de la resolución de la solicitud hasta el 1 de junio.

¿Cómo ha afectado la suspensión de los plazos administrativos a las solicitudes del Ayuntamiento?

La suspensión de plazos supuso que los interesados ​​no pudieran ser notificados de la liquidación de reclamaciones hasta el 1 de junio. Aunque, como dije antes, todo el procesamiento interno fue con normalidad.

¿Notó alguna diferencia significativa en comparación con el período de pre-alerta? ¿Ha habido una avalancha de reclamaciones?

Hasta el momento, no se ha registrado ningún aumento significativo en las reclamaciones. Los datos a esta época del año, por supuesto, no se corresponden con los del año pasado, ya que en el primer semestre de 2019 recibimos 460 denuncias, y en el mismo periodo de 2020 hubo 302. Por la suspensión de plazos que se ampliaron por más de dos meses .

Es probable que el número de denuncias aumente con el paso del tiempo, principalmente por el hecho de que el plazo de resolución de solicitudes puede llegar a dos meses, si la Administración aprovecha la posibilidad de ampliar el plazo previsto por la Ley de Transparencia -artículo 20.1-. Teniendo esto en cuenta, anticipamos que en las próximas semanas pueden surgir quejas sobre las solicitudes de información presentadas durante la alerta, ya que se han resuelto desde la reanudación de los plazos administrativos el 1 de junio.

En general, ¿hay alguna institución que se destaque por recibir más denuncias ante el Ayuntamiento por no brindar información pública?

Los datos sobre los ministerios y organizaciones contra los cuales se presentan la mayoría de las quejas son públicos y se pueden ver en el sitio web de CTBG. Sin embargo, debo enfatizar que los sujetos difieren según el momento y que las reclamaciones no siempre se deben a denegación de información, sino que hay un pequeño número de solicitudes realizadas ante el silencio de la Agencia que, cuando conoce la demanda, brinda la información solicitada. Toda la información es pública, incluido el motivo de la solicitud.

¿Por qué cree que esto se debe a que las instituciones niegan la información pública?

Creo que esto se debe a varios factores, incluida cierta renuencia a revelar datos; Sospecha que, en mi opinión, tiene cierto grado de desconocimiento sobre los beneficios en términos de legitimidad, confianza y eficiencia del servicio público de forma transparente.

Desde mi punto de vista, la transparencia pasa por la creencia del responsable de la organización y la comprensión de la rendición de cuentas pública como un servicio al ciudadano al que debe responder.

Existe cierta renuencia a hacer públicos los datos; Sospecha que, en mi opinión, tiene cierto grado de desconocimiento sobre los beneficios en términos de legitimidad, confianza y eficiencia del servicio público de forma transparente.

¿Cree que, en general, las instituciones cumplen con las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

Los datos sobre el nivel de cumplimiento de las resoluciones de la CTBG también son públicos y pueden clasificarse como aceptables. Por supuesto, nuestro objetivo es llegar al 100% y por eso estamos trabajando: para que el cumplimiento de nuestras resoluciones sea total, desde el rigor en la interpretación de la Ley, junto con el compromiso y convicción de que la verdadera reforma está en la transparencia. administración pública y una forma de mejorar los servicios públicos.

La gestión gubernamental ha sido criticada especialmente en términos de transferencia de datos, informes de expertos, etc. ¿Ha recibido o está recibiendo quejas de que el Gobierno está proporcionando más información sobre la gestión de crisis de salud?

Sí, algunas de las quejas recibidas tienen que ver con problemas de crisis de salud. Como expliqué anteriormente, las quejas sobre reclamos presentados en estado de alerta, ya sea que estén relacionados o no con el manejo de crisis de salud, están llegando ahora y asumimos que esto continuará pronto.

¿Existe alguna información que destaque especialmente después de recibir múltiples quejas? ¿Cuáles crees que son las razones para no darlo?

Yo diría que la información relacionada con el uso de fondos públicos es la que está más presente en las denuncias que recibe la CTBG. Sin embargo, dada la amplia casuística que tenemos, no creo que se puedan señalar las razones de su negación.

Cada reclamación plantea cuestiones muy concretas que hemos tenido en cuenta en el tratamiento y no es posible identificar de forma general los motivos en los que se basa la denegación de información.

Para que algunas instituciones y administraciones pudieran dar información pública, tuvieron que acudir a los tribunales, ¿cuál es la tendencia en esta situación: las administraciones prestan más atención a sus decisiones o tienen que ir a juicio cada vez con más frecuencia?

Los datos nos dicen que el litigio ha aumentado y que el número de apelaciones contra las resoluciones de la CTBG no está disminuyendo. Sin embargo, entendemos que las sentencias judiciales también son una parte necesaria en el camino para definir e interpretar una norma tan nueva como la Ley de Transparencia.

Afortunadamente, podemos confirmar que el apoyo de la Corte a la interpretación de la Sala también está aumentando. Me parece significativo que en las cuatro ocasiones en las que falló la Corte Suprema, en todas ellas ratificó la decisión de la CTBG.

En la «nueva normalidad», ¿cuáles cree que son los retos a la espera de que la administración pública española sea más transparente?

Los retos son, en general, una mayor creencia en la importancia de la transparencia de nuestras actividades para incrementar la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas y para mejorar los servicios públicos.

En este sentido, existen numerosos estudios que vinculan el análisis de los datos de la administración pública como la vía más adecuada para mejorar la gestión de los servicios públicos.

Otro desafío que considero crucial es brindar más recursos a la política pública de transparencia. Recursos que se pueden utilizar para mejorar las herramientas informáticas, adecuar las políticas de gestión de documentos y archivos, y dotar de más personal a las unidades de transparencia, incluido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

¿Hay algún otro tema que le gustaría destacar sobre CTBG y la transparencia en España?

Me gustaría enfatizar que se ha avanzado mucho en estos cinco años de implementación de la Ley de Transparencia y, a pesar de fallas ocasionales, creo que estamos en el camino de la consolidación y consolidación de la política pública de transparencia.

En esta consolidación, no cabe duda de que es necesario dar pasos como reformar la ley, en línea con los criterios administrativos y judiciales que ya tenemos, fortalecer el Consejo de Transparencia o reducir los litigios en materia de transparencia.

Todos estos temas y muchos otros que no se pueden explicar en detalle, en mi opinión, representan una hoja de ruta que debemos trazarnos para que la reconstrucción democrática, la eficiencia y eficacia del Estado y el crecimiento económico del Preámbulo se hagan realidad. Ley de Transparencia.

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