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Pro Access requiere que el gobierno sea transparente y esté comprometido con el acceso a la información durante COVID-19

  • diciembre 28, 2020

Varias organizaciones, miembros de la Coalición Pro Acceso, incluida la Fundación Compromiso y Transparencia, editora de esta revista, solicitaron hoy al gobierno español garantiza la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información, luego de que se suspendieran los plazos administrativos por una alarma, anunciada el 14 de marzo por la crisis del coronavirus.

En carta dirigida a la ministra de Política Territorial y Funciones Públicas, Carolina Darias, miembros de la Coalición Pro Acceso condenan los efectos que tiene esta pandemia en la transparencia y el acceso a la información, derecho fundamental que debe ser protegido, especialmente en tiempos de crisis.

“Si queremos que los ciudadanos confíen en las instituciones, es necesario que conozcan sus acciones y aseguren la adecuada responsabilidad del gobierno”, explican en la misiva.

La gravedad de la situación generada por la pandemia COVID-19 llevó al Gobierno a tomar medidas excepcionales como suspensión de plazos administrativos, algo que también ha sucedido en muchos países europeos y americanos.

Sin embargo, también hay ejemplos de buenas practicas tanto dentro como fuera de las fronteras españolas, lo que demuestra que, a pesar de las circunstancias, es posible respetar este derecho:

  • En Argentina La suspensión fue modificada para mantener el tiempo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información.
  • Él Consejo de la Unión Europea y Comisión Mantienen un plazo de 15 días, aunque reconocen que en algunos casos puede haber ligeros retrasos.
  • En España La Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valencia, entre otras administraciones, responden a solicitudes y publicitan de forma proactiva.

Según Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia, “un estado de alerta no puede convertirse una excusa para restringir derechos y libertades ciudadano. Gestionar la transparencia y el acceso a la información durante la crisis de COVID-19 será uno de los criterios más importantes para evaluar la acción del gobierno durante esta crisis «.

Asegurar que los ciudadanos realicen sus propias el derecho a acceder a la información, La Coalición para la Adhesión reitera al gobierno central la necesidad de adoptar las siguientes medidas:

  • Modificar el Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre las excepciones a la suspensión de plazos administrativos.
  • Solicitar a las unidades de información de la Administración General del Estado y durante el estado de alerta, sí responder con prioridad a todos aquellos requisitos relacionados con COVID-19. En base a lo dispuesto en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto, que permite la continuación de los procedimientos administrativos relacionados con la pandemia.
  • Seguir, En la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes recibidas antes o durante las alarmas no pandémicas, evitando prolongar la resolución en el tiempo.
  • Documental la toma de decisiones ordenada y la acción pública, así como la gestión adecuada de toda la información.
  • En caso de que se necesiten refuerzos para procesar las solicitudes de acceso a la información, permita colaboración de archiveros funciones públicas de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Decimoctava del Real Decreto – Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas adicionales urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

También apunta a una carta de la Coalición Pro Acceso, sí asegurar la transparencia Las acciones de las instituciones públicas deben:

  • Haz uno un sitio web o una sección del Portal transparente dedicada exclusivamente al COVID-19, donde toda la información relacionada con la gestión de la pandemia (sanitaria, legal, laboral, económica, científica, presupuestaria, medioambiental …) se publica de forma proactiva y centralizada a nivel nacional, regional y local, ofreciendo datos de la mayor separación posible (cuarta). Se dará prioridad a la información solicitada con mayor frecuencia en las solicitudes.
    Todos los datos deben estar publicados en formatos abiertos y reutilizables con metadatos asociados, y deben estar incluidos en un catálogo separado sobre COVID-19 en el portal Datos.gob.es/es/catalogo.
  • Publica de forma proactiva e inmediata:
    • Conformación comités científicos, tanto como informes en el que se basan las decisiones tomadas por el Gobierno.
    • Toda la información relacionada con contratación pública urgente, incluyendo intermediarios, beneficiarios, contratos, liquidación, ejecución, etc.
  • Celebrar una soporte digital todos los datos relacionados con COVID-19 que permitan la trazabilidad de las acciones realizadas y, por tanto, garanticen la adecuada responsabilidad.
  • Garantía protección de la privacidad, Asegurar que la vigilancia y vigilancia digitales utilizadas para proteger la salud de los ciudadanos sean una medida temporal y bajo la supervisión constante de expertos y miembros de la sociedad civil, permitiendo una transparencia total en el uso de los datos recopilados.

La carta dirigida al gobierno español fue firmada por los siguientes organizaciones: Access Info Europe, Archiveros Públicos Españoles (AEFP), Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda), Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL), Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias (AAPA), Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Asociación Española de Acreditación de Transparencia (Acreditra), Asociación para la Innovación y los Derechos Humanos (ihr.world), Asociación para la Comunicación y la Información Ambiental (Acima), Asociación para los Derechos Humanos Pro España (APDHE), Associació Ciutadania y Comunicació (Acicom), Cibervoluntarios , Ciecode, Coordinadora ONGD-España, Federación Sindical de Periodistas (FeSP), Fundación Civio, Fundación Compromiso y Transparencia, Fundación Hay Derecoparen Goay Greenbury, Hay Derecho, Derecho Gay, Derecho Gay. Sánchez de Diego, Observatorio Municipal de Ciudadanos de Jerez, Observatorio de RSC, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Red de Abogados y Abo Gadas para la Defensa Ambiental (RADA), Reporteros sin Fronteras (Departamento Español), Sociedad Española de Documentación Científica y información (Sedić) y Xnet.

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