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Según el estudio, la administración debe ser más digital, más eficiente y más transparente en 2030

  • diciembre 21, 2020

La nueva década va genial desafíos para el sector público en un entorno complejo, en el que, entre otras cosas, aumentan la incertidumbre y los riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. La sociedad envejece y se polariza cada vez más; La desigualdad avanza junto con el descrédito y la desconfianza de las instituciones, mientras que la digitalización acelera el cambio de paradigma social.

La dirección deberá afrontar estos retos y, por tanto, deberá redefinir su misión y su modelo operativo, según el informe. Administración 2030: visión transformadora, elaborado por Rafael Catalá y Óscar Cortés en el marco de las actividades del Observatorio de Transformación del Sector Público Esade-PwC.

2030. debe ser la administración integral y centrado en el ciudadano; Debe contar con procedimientos que lo hagan más ágil en las respuestas y más eficiente en el gasto público, y deberá avanzar en la transformación digital, la profesionalización y la capacidad de captar y retener talento.

El documento hace veinte propuestas para lograr un nuevo modelo de gobernanza pública capaz de afrontar los grandes retos de este momento.

Integridad, apertura y responsabilidad

Más allá de las dificultades del gobierno abierto como modelo de reforma de la cultura administrativa en el sector público, lograr una transparencia real y no burocrática, según el documento, requiere Un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno verdaderamente independiente, bien dotados de los instrumentos coercitivos que hacen efectivas sus resoluciones.

Asimismo, el informe recomienda tomar medidas para promover que los servidores públicos internalicen los principios de gobierno abierto y establezcan incentivos para el uso de datos abiertos en el sector privado. Por otro lado, la implementación de un infraestructura de integridad pública La coordinación entre todas las administraciones es, según los autores, la base de una estrategia para fortalecer al sector público en su conjunto contra la corrupción.

“Es fundamental que la administración recupere la confianza pública en las instituciones, y para eso no solo es necesario aprobar nuevas leyes, sino sobre todo diseñar e implementar políticas públicas genuinas”, dijo Catalá. En este sentido, el informe “busca ser un documento ágil y útil, con una serie de propuestas y medidas para la transformación del sector público, que incluyen la visión de un grupo de expertos en la materia”, añadió Cortés.

Mayor agilidad, calidad y eficiencia

Los ciudadanos demandan servicios públicos eficientes y eficaces que respondan a sus necesidades en un tiempo razonable, de manera y con un costo. El documento propone un procedimiento para revisar los procesos burocráticos que revisar procedimientos, eliminar redundancias tecnológicas, prohibir la búsqueda de datos sin valor o que ya sean competencia de la Administración y deshacerse de controles innecesarios, como las medidas para simplificar y agilizar la gestión pública.

Asimismo, el documento enfatiza la importancia de controlar el gasto público, enfatizando la necesidad de profundizar la evaluación de la calidad del gasto a través de una mayor independencia de los órganos de control externos; ampliar la transparencia e incentivos en la ejecución y profesionalizar la contratación pública apostando por un procedimiento totalmente digital y una oficina de regulación y supervisión de la contratación pública plenamente operativa.

Transformación digital y compromiso con el talento

Según el informe, la transición a una administración pública totalmente digital e inteligente es un paso estratégico para la próxima década. En este sentido, los autores señalan ventana única digital como un proyecto básico que garantiza el acceso a los servicios digitales de forma sencilla y segura, independientemente del territorio o competencias, así como medidas para fortalecer los mecanismos de gestión estratégica de las tecnologías de la información a través de la Agencia Estatal de Servicios Digitales.

Además, plantean la necesidad de una Oficina de información pública capaz de diseñar e implementar su propia estrategia para administración big data y tecnologías exponenciales, como inteligencia artificial; así como la automatización tanto en trámites como en servicios a la ciudadanía, utilizando robots que permiten la simplificación manteniendo garantías en los procesos.

Junto a la digitalización, el envejecimiento de la población activa es uno de los grandes retos de la administración, así como una oportunidad para reconvertir el empleo público. La captación y retención de talento tienen un impacto directo en el desempeño de las instituciones. Por tanto, los autores abogan por profesionalización – no funcionalización – de la administración pública, sujeto a criterios de mérito y capacidad. En este sentido, el informe apunta a la necesidad de cambiar elecciones, carreras y modelos de recompensa en el empleo público, así como implementar un plan de cambio generacional de plantilla que permita redimensionar, revertir la pirámide administrativa, refrescar el talento, reubicar recursos, promover la paridad y diversidad en los puestos directivos. y, finalmente, renovar la cultura del empleo público.

Catalá insinuó que «necesitamos una administración pública para la próxima década, es decir al servicio de la sociedad, que promueva su calidad democrática, que garantice la seguridad y la aplicación de los marcos regulatorios, que contribuya a reducir las brechas generacionales y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos ”.

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